Periódico La Lengua

TELEMARATÓN POR TELEMEDELLÍN

Disgusto entre diversas organizaciones sociales produjo la propuesta de la Secretaría de Cultura Ciudadana de realizar la Telemaratón por la Diversidad Sexual, que se está llevando a cabo a través del canal regional TeleMedellín, desde el pasado lunes 24 de noviembre hasta el próximo viernes. 

Como manifestamos en una nota anterior, la propuesta, aunque innovadora -nunca antes se había hecho una consulta mediática sobre la percepción que los ciudadanos tienen sobre el respeto por la Diversidad Sexual- fue planificada por la Administración, sin el concurso ni beneplácito de los miembros que tienen asiento en la Mesa Administrativa LGBT de la Alcaldía de Medellín.

Ni AMAM (Asociación de mujeres que aman a mujeres), ni El Solar, ni el Grupo LGBT de Antioquia, todos integrantes de La Mesa Social, fueron convocados por la Subsecretaría de Educación de Cultura Ciudadana, de donde partió la propuesta de realizar la LGBTÓN. Las razones del distanciamiento entre la administración y éstas son dos:

Las organizaciones le expresaron en días pasados al subsecretario de Educación de Cultura ciudadana y coordinador de la Mesa LGBT de la Alcaldía, su inconformidad frente a lo que consideraron un manejo autoritario de ésta, al no tener en cuenta algunas propuestas concretas  con relación al tema de la Política Pública para el sector.

Específicamente propusieron un cambio de la metodología de trabajo, en el sentido de democratizar la representación popular y ampliar sus posibilidades de incidencia en el diseño de las políticas que le atañen a la comunidad. Se requería realizar encuentros barriales, realizar consultas entre los jóvenes, hacerlos actores activos en el proceso, de suerte que ello redundara en un fortalecimiento de la base social.

Malestar por las veedurías ciudadanas

Otro punto neurálgico lo constituyó el malestar que produjo entre dos personas visibles de la comunidad LGBT, muy cercanas a la administración municipal en cuanto a que ejecutan contratos con la misma Secretaría,  el proceso de veeduría  iniciado por dos miembros del Grupo LGBT, quienes se empeñaron en que el manejo de los recursos que el gobierno destina para programas de desarrollo de la comunidad LGBT, fueran manejados con absoluta transparencia, equidad y dentro del marco de contratación que impone la Ley 80.

No cayó bien el Consultor. 

En ese sentido, el nombramiento del Consultor para la Política Pública, que recayó en cabeza de Manuel Bermúdez, el ciudadano gay de Medellín, generó conflictos, porque para los veedores del proceso de contratación, la persona seleccionada por el subsecretario presentaría impedimentos éticas y morales, como sea que aún se encontraba ejecutando uno de varios contratos suscritos con la Secretaría de Cultura Ciudadana y no sería de buen recibo su nombramiento frente a un eventual conflicto de intereses.

Toda vez que es la primera vez que una organización social del sector LGBT asume un rol veedor del manejo de la contratación municipal, esto tiene a más de uno con los pelos de punta. Pero como lo han manifestado voceros de la veeduría que se lleva a cabo, ésta es un ejercicio democrático participativo garantizado por el artículo 103 de la Constitución Nacional, y si las contrataciones se ciñen a la ley, no tendría por qué despertar malestar.

Lo que dice el gobierno

Frente a los cuestionamientos, Fernando Cortés, subsecretario de educación de Cultura Ciudadana, expresó que no comprende los motivos por los cuales las organizaciones decidieron levantarse de la Mesa LGBT de la Alcaldía, porque según él, no es cierto que no se hayan dado las condiciones democráticas al interior de la Mesa, y que son las organizaciones las que han incumplido los acuerdos de trabajo.

Se pronunció AMAM

La realización del Telemaratón LGBT viene a enturbiar el ambiente, ya de por sí enrarecido. El grupo AMAM ha explicitado a través de un comunicado público su rechazo al evento, porque según una de sus voceras, “Esta propuesta de tele-maratón surge con el afán de cumplir apresuradamente, con unos objetivos legales de la administración municipal, justificar la inversión de un presupuesto, y no hace parte de una construcción conjunta entre la administración y la comunidad lgtb de la ciudad”.

Habrá que esperar la incidencia positiva que la Telemaratón pueda tener para ayudar en la deconstrucción de los escenarios homofóbicos levantados en la ciudad. Pero lo que nos parece más importante es que la administración municipal tome conciencia real de que “participación” significa mucho más que consultar con la gente sobre lo que considera que el Estado debería remediar para garantizarle a las minorías LGBT el uso pleno de la ciudadanía, y que en verdad lo que se requiere es ampliar las posibilidades de que la comunidad incida en la planeación, instrumentalización, ejecución y evaluación de las políticas.

Las veedurías ciudadanas son parte fundamental del proceso, pero en última instancia, es al Estado a quien compete la formalización de las políticas a través de Acuerdos municipales, o de decretos, como sucedió en Bogotá.